El pasado 16 de junio, el Juzgado Penal Nº 6 decidió rechazar la acción de amparo constitucional promovido por el Abg. Carlos Alberto Ruffinelli en representación de la firma Prelife contra el experto en temas digitales y desarrollador de software, Matías Insaurralde.

En su argumentación, la jueza Lici María Teresita Sánchez señaló, entre otras cuestiones, que la libertad de expresión está por encima de la incomodidad que le puede generar a la empresa la exposición de opiniones en Twitter por parte de Insaurralde.

“…limitar la utilidad de este tipo de situaciones creadas por el uso de redes sociales en la actualidad y al intentar limitar, bloquear, y/o coartar dichas opiniones restringiría gravemente el flujo de información a través de Internet y, por ende, la libertad de expresión…”, reza una parte de la sentencia judicial.

Ya en la jornada de hoy trascendió la información de que Prelife había accionado contra este fallo mediante un recurso de apelación. A través de esta presentación, insisten en su pedido de exigir la prohibición de opiniones sobre la firma en Twitter.

Sobre el caso #Prelife, la empresa presentó una apelación donde vuelve a solicitar la prohibición de opiniones sobre la firma en Twitter: pic.twitter.com/KwPhUkTXhM

— Matías I. (@mb_ins) June 22, 2020

Varios especialistas y expertos en la materia coinciden en que el hecho una vez más atenta contra la libertad de expresión en internet y, principalmente, contra varias garantías establecidas en la propia Constitución Nacional.

El hecho causó indignación entre varios usuarios de la citada red social, provocando el rechazo masivo a la posición asumida por la empresa con sede en Encarnación que había argumentado que los tweets “son ataques despiadados que ocasionan perjuicio irreparable, cierre de su cuenta bancaria, disminución de sus actividades comerciales y amenazas de clientes, casas de cambio y negativas de entidades financieras para seguir operando”.

Cabe recordar que uno de los principales aspectos que llamaron la atención en el caso Prelife es la alta renta vitalicia que ofrece, la cual llegaría hasta los 1.000 US$ mensuales “de por vida”, pese a que solicitan aportes que rondan entre 10 y 50 dólares como máximo.

En vista a ello, se generaron dudas y especulaciones sobre la posibilidad de que se trate de un nuevo caso de estafas utilizando el esquema piramidal o sistema Ponzi como también se lo conoce, bajo la excusa de aumentar el monto de la jubilación.

La causa pasa ahora en manos de un Tribunal de Apelaciones donde nuevamente deberá dirimirse la cuestión que involucra a Prelife y Matías Insaurralde.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a través del Viceministerio de Transporte, lamenta que en medio de una mesa de trabajo instalada, igualmente uno de los gremios de transporte, específicamente CETRAPAM, presione para forzar una situación “absolutamente absurda” como duplicar el subsidio cuál es la pretensión de este grupo empresarial.

“Medidas como el paro del servicio anunciado por este gremio no construyen un sistema de transporte acorde a las necesidades de los ciudadanos; por el contrario, impiden avanzar con las acciones impulsadas”, refiere el comunicado del MOPC.

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No obstante, la cartera estatal sostiene que se llevarán adelante todos los mecanismos correspondientes para seguir mejorando el servicio público.

“Rechazamos el paro de buses y garantizamos a los pasajeros seguir trabajando por la reforma del sistema de transporte de manera a brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y de calidad. Seguiremos trabajando con compromiso, seriedad y responsabilidad. El MOPC se ratifica en que el diálogo es el camino a seguir para el beneficio de la ciudadanía”, agrega el pronunciamiento.

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El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

En la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Defensa Nacional, Oscar González, se refirió a los avances tras la instalación de una «Sub Área de Pacificación» de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el departamento de Canindeyú, en relación a las respuestas a las necesidades de seguridad

Señaló que de esta extensión jurisdiccional del CODI-FTC, inicialmente en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, ahora se proyecta llevarlos al sur del país.

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Destacó también el fortalecimiento de las fuerzas armadas, uno de los objetivos del Gobierno, para la lucha contra el crimen organizado y garantizar la seguridad interna.

A esto se suma el proyecto de aumentar la inversión para las fuerzas de seguridad, tanto policías como militares, con una inversión de Itaipú de US$ 90 millones por los próximos tres años.

El hecho ocurrió cerca de las 18:00 hs de este lunes y el conductor fue identificado como Ángel Castillo, quien salió ileso del percance.

De acuerdo al reporte policial, el tractocamión había pasado por el peaje, pero minutos después el semirremolque rosó por una de las casetas, que terminó desplomándose.

Se convocó a personal de la patrulla Caminera quien practicó la prueba de alcotest al conductor, arrojando como resultado negativo 0,00mg/l.

Afortunadamente, ningún funcionario del puesto resultó herido, solo daños en la estructura.

El fiscal Luis Albertini dispuso que el tractocamión con su conductor sean liberado ya que ambas partes cuentan con seguro.